Desproporcionalidad territorial

Distribución territorial de circunscripciones uninominales en Bolivia: ¿existe desproporcionalidad urbano – rural?

Julio Ascarrunz*

RESUMEN

El presente trabajo busca dar luces sobre la cuestión de la distribución de circunscripciones uninominales en Bolivia. A partir de una estrategia metodológica que indaga en las características estructurales como en las individuales dentro de esta distribución, y con apego al contexto del sistema electoral boliviano, el objetivo es definir si la desproporcionalidad territorial es alta o baja, así como dilucidar si existe o no un sesgo territorial en favor de zonas urbanas o rurales dentro de esta asignación.

Durante los últimos meses la opinión pública boliviana ha tratado la cuestión de la (des)igualdad del voto entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Esta cuestión ha tomado una diversidad de espacios, desde los tradicionales, a partir de la publicación de diferentes artículos de opinión, hasta los digitales, con el desarrollo de debates y seminarios virtuales, pasando por un mundo de plataformas que no se pueden introducir en esta clasificación binaria (tradicional-digital). A partir de argumentos y posturas variadas, esta temática se ha posicionado como una de las más debatidas en el último tiempo.

Los estudios electorales, principalmente a través de la ciencia política, se han enfocado en estas cuestiones, desarrollando marcos teóricos y metodológicos que permitan la delimitación de fenómenos y sus formas de estudio, tanto con fines empíricos como teóricos. En este sentido, se tiene, al menos, tres relaciones a analizar: relación población-escaños, relación electores-escaños, y relación votos-escaños. La primera de ellas ha recibido el nombre de malapportionment (desproporcionalidad territorial) y busca definir si hay diferencias entre la cantidad de escaños de un territorio concreto en función a la población de ese territorio; la segunda de ellas se conoce comúnmente como gerrymandering y procura definir si el dibujo de una circunscripción favorece o perjudica a una fuerza política en concreto[1]; y, por último, la tercera relación es usualmente conocida como desproporcionalidad electoral y tiene el objetivo de evaluar los sistemas electorales proporcionales sobre qué tan efectivos son a la hora de transformar las preferencias electorales (votos) en poder político (escaños) siempre que persigan la lógica proporcional por encima de la mayoritaria. Estos tres fenómenos, aunque todos son parte de los efectos de los sistemas electorales, son diferentes entre sí en términos analíticos, lo que requiere una delimitación clara que diferencie las estrategias y herramientas metodológicas, así como las variables que intervienen[2].

En respuesta a la coyuntura boliviana y aprovechando el conocimiento acumulado de los estudios electorales, este trabajo analiza la cuestión del malapportionment en las circunscripciones uninominales bolivianas para las Elecciones Generales 2020. Se parte de la premisa que ningún sistema electoral es perfectamente proporcional, ni en la relación votos-escaños, como tampoco en la relación población-escaños, por lo que no se enfoca en definir si existe desproporcionalidad territorial o no, sino, más bien, en explorar si la desproporcionalidad esperada beneficia a unas zonas geográficas más que a otras de manera sistemática.


Este trabajo representa un estudio de caso descriptivo, por lo que el análisis se ve en la obligación de contextualizarse a las características del caso en cuestión. El sistema electoral boliviano toma históricamente a los departamentos como su unidad geográfica principal (Cordero, 2007), aunque su estructura de distrito[3] (Cox, 2004) es compleja, ya que presenta una serie de distritos primarios y secundarios superpuestos geográfica y jerárquicamente. Tal estructura es la que representa la definición de la cantidad de escaños a nivel de cada departamento, según unas reglas específicas, y una subdivisión posterior dentro de cada departamento en hasta tres tipos de circunscripciones (circunscripción departamental con regla de decisión proporcional, circunscripciones uninominales con regla de decisión mayoritaria, y circunscripción especial indígena con regla de decisión mayoritaria -aunque con un primer momento de selección por usos y costumbres-).

Es en este sentido que todo análisis del caso boliviano correspondiente a las circunscripciones uninominales está obligado a circunscribirse a cada departamento, respetando, de esta manera, la estructura de distrito del sistema electoral. Esta delimitación se diferencia de la estrategia de Samuels y Snyder (2001)[4] por las divergencias en cuanto a los objetivos, alcances, y enfoques del análisis, aunque, como se describe más adelante, se utilizan algunas herramientas metodológicas propuestas por ellos. Con el objetivo de poder hacer una comparación de alcance nacional, es necesario, entonces, estandarizar los valores a la realidad de cada departamento. El análisis desarrolla tal proceso a partir del uso de una técnica estadística de estandarización conocida como score o puntaje Z.

Con esta estrategia, el trabajo toma como variable dependiente la desproporcionalidad territorial (malapportionment), definida como el grado en que una circunscripción tiene mayor o menor peso poblacional que otra(s), a diferencia de la desproporcionalidad electoral que se enfoca en la relación entre porcentajes de votación y porcentaje de escaños ganados por las organizaciones políticas. Así los sistemas pueden dividirse entre perfectamente proporcionales o absolutamente desproporcionales, territorialmente hablando (Samuels y Snyder, 2001). Cabe aclarar que los casos conocidos como perfectamente proporcionales corresponden a sistemas con decisión proporcional de un solo nivel (single-tier) en circunscripción nacional (Samuels y Snyder, 2001)[5]; mientras que, por su parte, todos los sistemas, sean mixtos o puros, que utilizan una variedad de distritos no nacionales, y más con regla de decisión mayoritaria, no pueden ser, por sus propias características, perfectamente proporcionales. Dado que este es el caso que atiende este trabajo al enfocarse en las circunscripciones uninominales, no se pretende determinar si existe desproporcionalidad o no, sino que, asumiendo que sí existe, se busca definir si tal desproporcionalidad es alta o baja, y si tiene o no algún tipo de sesgo geográfico. Esta variable se mide de dos maneras: individualmente con técnicas estadísticas de dispersión (score Z) y estructuralmente a partir de la propuesta que desarrollan Samuels y Snyder (2001) tomando el índice de desproporcionalidad electoral de Loosemore-Hanby (ver Ocaña y Oñate, 1999). Ambas mediciones contrastan escaños y población, en línea con la definición de desproporcionalidad territorial, a diferencia del análisis de gerrymandering que utiliza datos del padrón y su relación con los escaños, y de la normativa boliviana (Ley de Régimen Electoral)[6].

Por su parte, las variables independientes son el grado de ruralidad y la condición de capital de departamento. El grado de ruralidad se define como la proporción o porcentaje de población que vive en áreas rurales o urbanas, para lo cual se toman los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012 (CNPV 2012)[7] que establecen la proporción del territorio de cada municipio que se considera urbano o rural[8]. debido a que las circunscripciones uninominales, en su mayoría, toman más de un municipio, se desarrolló un promedio ponderado por el peso poblacional de cada municipio dentro de la circunscripción. La segunda variable independiente, condición de capital de departamento, tiene una definición y operacionalización más sencilla, ya que se toma el municipio que es capital de cada departamento (sea como el todo o como parte de una circunscripción). Se trata, entonces, de una variable dicotómica en la que la condición de capitalidad se define si la circunscripción está compuesta, en parte o en su totalidad, por alguno de los nueve municipios capitales de departamento. Toda la información y los datos provienen de los sitios web públicos del INE y del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

Es así, que el presente documento, asumiendo de entrada la existencia de desproporcionalidad por las características del sistema electoral, plantea responder dos preguntas, primero, ¿cuánta desproporcionalidad es mucha desproporcionalidad? Y, segundo, ¿existe un sesgo sistemático que favorece a unas zonas geográficas por encima de otras en la definición de diputaciones uninominales de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia?

El documento se organiza de la siguiente manera. La sección a continuación describe brevemente la forma de distribución poblacional de todas las circunscripciones uninominales con relación al departamento en el que se encuentran. Esto sirve de introducción a la siguiente sección que mide la dispersión de estas distribuciones como forma de prueba empírica a las preguntas de investigación. El trabajo concluye con la descripción de la agenda de investigación abierta y de algunos problemas estructurales.


El primer problema que surge al momento de trabajar este tema es el relacionado con los datos. Las circunscripciones uninominales no responden a los límites naturales del Estado boliviano, a diferencia de las circunscripciones departamentales usadas para la elección de Diputaciones Plurinominales, Senadurías, y Representantes Supraestatales. El diseño de las circunscripciones es un dibujo de límites artificiales donde, por ende, se dividen y mezclan poblaciones naturales (límites del Estado), es decir que un municipio puede ser parte de una circunscripción junto a otros municipios y/o puede dividir su territorio para conformar varias circunscripciones. La situación descrita genera el problema de conciliación de datos, por un lado, los datos poblacionales que se publican con desagregación de hasta el nivel municipal y, por otra parte, la información sobre las circunscripciones que se publican indicando los municipios que las componen[9]. Ante esta situación se ha desarrollado una estrategia simple de aproximación a tales datos, que consiste en la agregación de la población de cada municipio que conforma una circunscripción. Esto, sin embargo, todavía no soluciona los casos en que un municipio, en lugar de adherirse a otros, se divide en sí mismo para la conformación de más de una circunscripción, por lo que en este caso se hizo una división simple entre la cantidad de escaños que conforman ese municipio ponderando, en los casos donde estaba explícito, las zonas urbanas y rurales a partir de los datos del INE. Con esta estrategia, se ha logrado estimar la población de cada circunscripción, con resultados exactos o muy cercanos a la población real de cada departamento (ver Tabla 1).

Tabla 1

Comparación de datos teóricos y datos estimados sobre la población de las circunscripciones uninominales por departamento

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

La media matemática se obtiene dividiendo la población oficial según el Censo de 2012 entre la cantidad de escaños que corresponden a cada departamento, mientras que la media estimada es el promedio de población de todas las circunscripciones de cada departamento después de la aproximación mencionada. En siete departamentos la media matemática es igual a la media estimada, solamente en Oruro y Santa Cruz no hay coincidencia exacta entre estos promedios, pero la diferencia es de 500 habitantes.

Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

El Gráfico 1 exhibe la distribución de la población estimada en cada circunscripción uninominal por cada departamento[10]. La gráfica muestra, en primer lugar, tres grupos de departamentos, haciendo explícita la diferencia entre éstos. En el primer grupo está Pando con la cantidad más baja de población en sus circunscripciones uninominales. Un grupo intermedio de departamentos (Beni, Chuquisaca, Potosí, Tarija, y Oruro) tiene poblaciones similares entre sí en sus circunscripciones uninominales. Finalmente, los departamentos del eje troncal son los que mayor población tienen en sus circunscripciones uninominales. Esta diferencia tripartita expresa la desproporcionalidad entre departamentos con Santa Cruz, La Paz, y Cochabamba como los casos subrepresentados y Pando como el caso sobrerrepresentado.

En segundo lugar, y como elemento central del análisis, se observa que ningún departamento presenta en su interior altas variaciones poblacionales entre sus circunscripciones uninominales. Lo que llama un poco la atención es el gráfico del departamento de La Paz por el posicionamiento de sus extremos y la aparente amplitud de su caja; así como los valores que se muestran como atípicos (uno en Chuquisaca y otro en Santa Cruz). A pesar de estos aparentes problemas, sin embargo, es necesario otro tipo de pruebas para identificar cuán desproporcional es la asignación territorial y, sobre todo, si existe un sesgo geográfico en la misma.

Con la descripción de la distribución poblacional que compone las circunscripciones uninominales se ha confirmado el presupuesto teórico de que este tipo de circunscripciones no presentan proporcionalidad perfecta y se ha observado que hay indicios de alta desproporcionalidad en algunos casos. Esta sección se ocupa de establecer si la desproporcionalidad es excesiva o razonable (Goldberg, 1962), así como de definir si existe un sesgo territorial (sea urbano-rural o capitalino-no capitalino). Para cumplir esta meta, primero se recurre a una medida tradicional de “malaporcionamiento” que refleja la situación estructural de una entidad, en este caso el departamento. En segunda instancia, y debido a que la primera medida es genérica, se aplica una evaluación estadística utilizando la desviación estándar y el score Z como unidades de medición de dispersión y que, en este caso, sí permiten identificar caso por caso al interior de los departamentos.

Gráfico 2

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP, a partir de Samuels y Snyder (2001)

El Gráfico 2 resalta dos hechos. El primero, en general, es que la desproporcionalidad territorial de las circunscripciones uninominales no supera el 6% en ningún departamento, lo que significa que en ningún caso más del 6% de los escaños están “por demás” si hubiera una proporcionalidad perfecta. El segundo hecho a resaltar es que es necesario considerar la variación entre los departamentos, ya que el caso con menor desproporcionalidad es de 2,4% (Chuquisaca) y el caso con mayor desproporcionalidad territorial es de 5,84% (Tarija).

De manera genérica, los porcentajes indican la cantidad de escaños/circunscripciones que ni deberían existir si se pretende un sistema perfectamente proporcional. Esta generalidad, sin embargo, carece de sentido si no se establece cuántos escaños, o cuánto de un escaño, según corresponda, significa dicha desproporcionalidad territorial[11]. En Chuquisaca (2,4%), Beni (2,99%), Oruro (3,85%), y Pando (4,6%) los porcentajes de desproporcionalidad territorial implican alrededor de un décimo de un escaño uninominal. En Cochabamba (3,50%) y Potosí (5,55%), los porcentajes de desproporcionalidad territorial significan alrededor de un tercio de un escaño. Por otro lado, en el caso de Tarija, su desproporcionalidad territorial de 5,84% corresponde a menos de un cuarto de escaño. Finalmente, en La Paz y Santa Cruz, sus 2,90 y 3,65 por ciento de desproporcionalidad territorial, respectivamente, refieren a alrededor de medio escaño uninominal.

Esta medición, con su gráfica correspondiente, dan las primeras pautas sobre el grado de desproporcionalidad de cada departamento; como puede observarse, en ningún caso los valores resultantes representan ni una circunscripción completa. Sin embargo, resulta necesario detallar más el análisis con el fin de confirmar estas pautas y, al mismo tiempo, definir si existe un sesgo por tipos de zonas en esta distribución.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

Como se apuntó anteriormente, esta porción del análisis utiliza una medida estadística de dispersión: el score Z. Este estadístico estandariza los valores de las desviaciones estándar de cada departamento, es decir, expresa cuán alejado está un valor respecto de la media a partir de un valor estándar sin importar cuál sea el valor exacto de dicha desviación. Los resultados pueden ser positivos o negativos, dependiendo si una observación se mueve por encima o por debajo, respectivamente, de la media. Dado que cada punto en el gráfico representa a una circunscripción, mientras mayor sea el valor, hacia el lado positivo o el negativo, más alejada estaría dicha circunscripción del promedio departamental en cuanto a la población que la conforma. Todos los valores están expresados en desviaciones estándar.

Cuando una circunscripción está en el lado de los números negativos indica que está sobrerrepresentada, mientras que si está del lado de los números positivos significa que está subrepresentada. Para determinar si la dispersión, a cualquiera de los dos lados, es mucha o poca, se utiliza la convención estadística de este score, que indica que los puntos más allá de ±2 desviaciones estándar son considerados atípicos, es decir que salen de la distribución del conjunto, que en este caso es cada departamento. En general, en todo el país, son 34 circunscripciones que están sobrerrepresentadas (54% del total), mientras que las restantes 29 circunscripciones (46%) están subrepresentadas, aunque, en ambos casos con variaciones importantes entre ellas.

La única observación atípica de entre todas las distribuciones departamentales está en Santa Cruz, donde una circunscripción casi llega a las tres desviaciones estándar respecto de la media departamental del lado positivo. Otros dos casos, uno en Chuquisaca y el otro en La Paz, se acercan mucho al límite de dos desviaciones, ambas del lado negativo, aunque no llegan a cruzar tal umbral. Estos datos confirman las pautas brindadas por las mediciones estructurales: en general, no existe desproporcionalidad territorial que no esté dentro de los límites razonables.


Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

Con la confirmación de que la desproporcionalidad territorial de las circunscripciones uninominales en Bolivia no excede los límites, es necesario pasar a las pruebas sobre la existencia, o no, de sesgo. Debido a las complicaciones que existen en torno a la noción de urbano y rural, que se agudizan más cuando se sale del área del municipio, el Gráfico 4 diferencia las circunscripciones en dos categorías, mayoritariamente rural (puntos rojos) o mayoritariamente urbana (puntos azules). Cabe indicar que a partir de los datos del INE para el Censo 2012, y con la obtención de promedios ponderados en los casos de más de un municipio en una circunscripción (ver Diseño Metodológico), se clasificó una circunscripción como mayoritariamente urbana si el porcentaje de urbanización es mayor a 50% y mayoritariamente rural si es menor a 50%. Esta clasificación derivó en la definición de 24 circunscripciones como mayoritariamente rurales (38% del total) y las restantes 39 como mayoritariamente urbanas (62% del total).

La lectura del gráfico a partir de los extremos, en los que los dos casos más dispersos negativamente, indicando sobrerrepresentación, son mayoritariamente rurales, y el caso más disperso positivamente, indicando subrepresentación, es mayoritariamente urbano, puede generar confusiones y errores de interpretación. En cambio, es necesario analizar la composición de manera sistemática desde las partes. De las 29 circunscripciones que presentan desviaciones positivas (subrepresentación), 7 (24,1%) son mayoritariamente rurales y las otras 22 (75,9%) son mayoritariamente urbanas; de las 34 circunscripciones con desviaciones negativas (sobrerrepresentación), 17 son mayoritariamente rurales (50%) y 17 son mayoritariamente urbanas (50%). A primera vista esto puede malinterpretarse como evidencia de un sesgo en favor de las zonas rurales, sin embargo, es necesario contrastar tales datos con la distribución general. Debido a que las circunscripciones mayoritariamente urbanas, según la operacionalización presentada, representan un poco más del 60% contra el 40% de los distritos mayoritariamente rurales, es esperable que las distribuciones positivas y negativas no sean exactas. Así, la sobrerrepresentación tiene una diferencia de ±11,9% y la subrepresentación de ±14% entre el valor específico y el valor general, por lo que en definitiva existe un ±2,1% de diferencia en favor de la subrepresentación, lo que significa que las zonas rurales tienen 2,1% más representación poblacional que las zonas urbanas.


Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

Siguiendo la misma estrategia metodológica que en el análisis entre las zonas urbanas y rurales, el Gráfico 5 muestra las diferencias entre circunscripciones capitalinas (en su todo o en parte). De las 29 circunscripciones con subrepresentación (desviaciones positivas), 12 son capitalinas (41,4%) y 17 no son capitalinas (58,6%); mientras que de las 34 circunscripciones con sobrerrepresentación (desviaciones negativas), 14 son capitalinas (41,2%) y 20 no son capitalinas (58,8%). Contrastando con la distribución general, donde 26 distritos en total son capitalinos (41,3%) y los otros 37 no son capitalinos (58,7%), las diferencias son incluso menores que las presentadas en el análisis de zonas urbanas y rurales. La sobrerrepresentación tiene una diferencia de ±0,09% y la subrepresentación de ±0,11% entre el valor específico y el valor general, esto provoca que la diferencia final sea de 0,02% en favor de la subrepresentación. Es decir que las circunscripciones que no contemplan municipios capitalinos (del todo o en parte) tienen 0,02% más representación poblacional que las circunscripciones capitalinas.

A pesar de confirmar que la desproporcionalidad territorial en las circunscripciones uninominales en Bolivia no sale de los límites razonables y que esa desproporción no tiene sesgos territoriales significativos, no significa que la distribución de escaños uninominales esté libre de problemas. Por un lado, se reconoce que, aunque en línea con la normativa nacional y la definición y operacionalización teórica concertada, el uso solamente de población no da cuenta de problemas y diferencias que pueden existir en torno a la votación en concreto y/o la cantidad de electores. Sin embargo, un fenómeno de este tipo deja de ser considerado como desproporcionalidad territorial (malapportionment) y pasa al campo del análisis sobre la desproporcionalidad electoral y/o la manipulación en el dibujo de distritos (gerrymandering).

Es necesario reconocer estas limitaciones del análisis, pero, al mismo tiempo, advertir sobre la necesidad de diferenciar fenómenos. Como se dijo desde la introducción, no es lo mismo analizar la relación entre escaños y población (censo) que la relación entre escaños y electores (padrón). Las fundamentaciones de tales diferencias son teóricas, empíricas, y normativas: teóricas en el sentido de precisión conceptual que diferencia uno y otro fenómeno, empírica debido a las características de la legislación boliviana, y normativa con el fin de no invisibilizar la representación indirecta de la población menor de 18 años que está considerada dentro de los datos censales, pero excluida dentro de los datos de padrón electoral. A esto se suman las diferencias metodológicas en el análisis de fenómenos, ya que el estudio sobre gerrymandering requiere de técnicas estadísticas y geográficas más avanzadas con el fin de arribar a resultados concluyentes sobre un caso determinado.

A pesar de los alcances de este análisis, es pertinente exhibir las limitaciones y/o problemas que se presentan. Por ejemplo, un problema que enfrentan las circunscripciones uninominales, y que comparten con todo el sistema de distribución de escaños en general, es que los datos censales tienden a desactualizarse bastante rápido, mucho más si la diferencia entre un Censo y su respectivo proceso electoral es de casi 8 años, como es el caso para las Elecciones Generales 2020 (ver Tabla 2).

Tabla 2

Comparación de la desproporcionalidad territorial estructural por departamento entre 2012 y 2020

Fuente: Elaboración propia con base en datos del INE y OEP

Actualizando los datos poblacionales según las proyecciones del INE para 2020, la desproporcionalidad territorial medida estructuralmente (Samuels y Snyder, 2001) se incrementa en algunos casos hasta en un 165% como es el caso de Pando que pasaría de 4,6% a 12,18% de desproporción territorial. No todos los casos son así de extremos, pero todos, con excepción de Tarija tendrían valores 20% mayores que con los cálculos con data oficial. En esta misma línea, con la información actualizada a 2020, las desviaciones se ampliarían sumando, mínimamente, dos casos más a la categoría de observaciones atípicas. Esta cuestión, entonces, de la diferencia de tiempo entre los datos oficiales (Censo) y el desarrollo de las elecciones es una tarea pendiente del sistema electoral boliviano, más aún en escenarios como el actual que exhibe dinámicas poblacionales muy aceleradas y desiguales entre los departamentos.

Cordero, Carlos (2007). Historia electoral de Bolivia 1952-2007. La Paz: Corte Nacional Electoral

Cox, Gary (2004 [1997]). La coordinación estratégica de los sistemas electorales del mundo. Hacer que los votos cuenten. Barcelona: Editorial Gedisa.

Goldberg, Arthur (1962). “The Statistics of Malapportionment”, en The Yale Law Journal, 72 (1): 90-106.

Ocaña, Francisco y Oñate, Pablo (1999). “Índices e indicadores del sistema electoral y del sistema de partidos: una propuesta informática para su cálculo”, en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 86: 223-246.

Samuels, David y Snyder, Richard (2001). “The Value of a Vote: Malapportionment in Comparative Perspective”, en British Journal of Political Science, 31 (4): 651-671.


* Licenciado en Ciencia Política y Gestión Pública (UMSA) y Egresado del Máster en Estudios Electorales (UNSAM-Argentina). Es Secretario de Asuntos Académicos de la Asociación Boliviana de Ciencia Política (ABCP) y Coordinador Académico del Proyecto “Derribando Mitos de la Democracia Boliviana”.

[1] En un esfuerzo de precisión conceptual, esto ha sido denominado gerrymandering partidario en contraposición a otros tipos de gerrymandering observados, tales como el étnico o el sectorial. El tipo partidario ha sido definido como injusto, afectando la calidad de los procesos electorales, mientras que los otros tipos, étnico o sectorial, son generalmente más aceptados como formas de promoción de la participación política de grupos tradicionalmente marginalizados.

[2] Por ejemplo, el dibujo de circunscripciones es un tema central para la relación electores-escaños, no así para la relación población-escaños siempre y cuando se cumpla una media poblacional clara. De igual manera, el abordaje del análisis sobre gerrymandering requiere de métodos más complejos dado que su presencia no es un supuesto natural de los sistemas electorales, a diferencia de la cuestión de desproporcionalidad sea territorial o electoral.

[3] Este trabajo utiliza los términos circunscripción y distrito de manera intercambiable con el fin de conciliar los términos distrito (propio de la literatura especializada) y circunscripción (propio de la normativa boliviana).

[4] Con un enfoque comparativo, un objetivo que va más allá de lo empírico, y un alcance que no se limita solamente a un tipo de distrito sino a todo el sistema, los autores proponen, para los casos con distritos de múltiples niveles (multi-tier systems), una estrategia jerarquizada que permita considerar toda la estructura electoral, tomando en cuenta todos los niveles del sistema.

[5] Los autores toman como ejemplo de esta proporcionalidad perfecta al Parlamento de Israel (Knéset), las Cámaras Bajas de Holanda, Perú, Namibia, y Sierra Leone.

[6] Esto quiere decir que la utilización de datos de población (Censo) en lugar de datos de electores (Padrón) tiene sustento teórico y empírico.

[7] Datos disponibles en https://www.ine.gob.bo/

[8] La CEPAL establece que la definición que utiliza Bolivia para considerar urbano es la de localidad con más de 2.000 personas censadas y rural es de localidad con menos de 2.000 personas censadas. Esta definición se explicita para los Censos de 1976, 1992, y 2001. Para el Censo de 2012 no se pudo encontrar una definición explícita, a pesar de que los datos se exhiben con la posibilidad de diferenciar entre estos dos tipos de zonas.

[9] Esta situación puede solucionarse con los datos crudos del Censo y la data georreferenciada del dibujo de las circunscripciones. Si bien la segunda de las bases (Geografía Electoral) está disponible a partir de esfuerzos ciudadanos (https://simuladorasamblea.bo/), primera de las bases (Censo) existe, pero su disponibilidad es, cuando menos, muy limitada. Esto provoca una mayor complicación al momento de definir la población exacta de cada circunscripción.

[10] Los gráficos de caja exhiben límites, cuartiles, mediana, y datos atípicos y se interpretan de la siguiente manera. Las cajas representan el rango intercuartil, es decir el 50% intermedio de los datos; la línea horizontal representa la mediana, es decir el valor que deja a la mitad de los casos por encima y a la otra mitad por debajo; la extensión de las líneas verticales que salen de las cajas representa el límite superior y el límite superior; y los puntos que salen del rango de las líneas son los valores atípicos.

[11] Los valores se obtienen de la razón entre el porcentaje resultante de desproporcionalidad territorial y el porcentaje que representa un escaño en cada departamento.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *